Editorial: 432

En mesa redonda no hay cabecera

Como si se hubieran puesto de acuerdo los diversos equipos médicos, en unos pocos días hemos recibido un diagnóstico masivo sobre el estado de la Sociedad del Conocimiento en España. A tenor del dictamen, casi podríamos decir mejor que no se la encuentra por ningún lado. Los “facultativos” han sido varios y han hablado desde tribunas muy diferentes. Por una parte, el 7 de julio la Fundación Cotec, que agrupa a unas 80 empresas, presentó su informe anual en el que considera que el sistema de I+D+i español (la última “i” es por innovación) no produce suficiente tecnología propia. Su presidente, José Ángel Sánchez Asiaín, ex-presidente del Banco Bilbao Vizcaya, repartió culpas entre empresas y administración pública en presencia del Rey Juan Carlos I y del Ministro de Industria José Montilla.

El 9 de julio, Javier Cremades, presidente del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información, no fue menos cáustico en un artículo publicado en el diario El País titulado: “Por una nueva política de Telecomunicaciones” (¡!). El autor estima que España sufre un retraso de 12 años respecto a la Unión Europea en la media de los parámetros que miden la Sociedad del Conocimiento. Digamos, de paso, que esta era más o menos la diferencia que se achacaba al país respecto al mundo industrializado cuando empezó la transición política. Lo que no queda muy claro en su argumentación es porqué se reclama un esfuerzo suplementario a los tecnólogos e ingenieros de telecomunicación cuando se trata de hacer avanzar el binomio sociedad y conocimiento. ¿Qué pasa con el resto de ciudadanos, colectivos sociales, empresas, instituciones, etc.?

Ese mismo día, Francisco Ros, Secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información -desafortunado matrimonio donde los haya, como hemos dicho en el párrafo anterior, ahora consagrado nada menos que en la cúpula del Ministerio de Industria (¡¡!!)-, expresó el diagnóstico con una metáfora cáustica: “Nos estamos quedando en el pelotón de cola” en desarrollo tecnológico y avances de la Sociedad de la Información. Durante su intervención en la clausura de un curso sobre telecomunicaciones de la Universidad Complutense de Madrid pidió “un mayor grado de libertad” para Telefónica con el fin de no lastrar la progresión de la Sociedad de la Información. ¡Acabáramos, era la esclavitud de nuestra operadora lo que nos estaba haciendo correr con pies de plomo!.

Entre medio de este alud de manifestaciones, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona hacía público en esas mismas fechas un informe con una conclusión alarmante: el sistema educativo de Cataluña se sitúa a la cola de Europa e incluso de España y “no logra niveles suficientes de eficacia, ni en los aspectos de instrucción, ni en los educativos, ni de formación de una ciudadanía crítica y plenamente responsable”. El estudio verifica lo que, me parece, todos ya sabíamos: los peores resultados se producen por lo general en centros que pertenecen a la red pública de educación, muchos de ellos emplazados en barrios deprimidos o habitados por grupos sociales “constituidos por familias de menor capital cultural, de baja posición social y de menos recursos económicos”.

Esa es la famosa brecha que los políticos no quieren ver, entretenidos como están en declamar que el riesgo es la brecha digital como si esta fuera una especie de “peligro amarillo” que algún día vendrá y nos llevará a todos a algún infierno terrible. No hace falta esperar a tanto. Basta con mantener la situación actual para que cualquier brecha socio-económica nos maniate de pies y manos. Aquí no hay telefónicas ni ingenieros que valgan. Aquí sólo valen políticas de Sociedad del Conocimiento que generen contenidos y aglutinen sectores sociales capaces de aprovechar esos contenidos en la perspectiva de una educación orientada hacia las necesidades, los retos y las oportunidades que ofrece dicha sociedad articulada por redes.

Las brechas causadas por la sociedad industrial tienden a profundizarse y agravarse si no son “puenteadas” a tiempo por las políticas de la Sociedad del Conocimiento. Y éstas dependen, fundamentalmente, de las medidas que adopten las administraciones públicas, sobre todo, y por encima de todo, en el sistema educativo y sus múltiples relaciones con el resto de la sociedad, en particular el sistema productivo. Precisamente, éste es un aspecto que el informe del PEM de Barcelona destaca: la separación entre lo que se enseña y para qué y a quiénes se enseña.

La solución no puede emprenderse, como hemos visto hasta ahora repetido hasta la saciedad, mediante proyectos aislados y esfuerzos agotadores por parte de maestros y profesores pioneros cuyas ganas de innovar se quedan hechas jirones en cada intento. Junto con los cambios estructurales que propone el informe del PEM, como la reforma de la organización administrativa de la educación, creo que ha llegado el momento de quejarse menos por la escasa “adaptación” a la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación, y tratar a ésta -al sistema educativo y a las nuevas tecnologías, en particular Internet- desde su doble vertiente territorial y virtual (véase el editorial: “La educación como territorio virtual”).

Mientras que el territorio físico se articula a través de la distribución de la renta y de las correspondientes escalas socio-económicas, el territorio virtual lo hace a partir de los recursos cognitivos que es capaz de generar, gestionar y distribuir (véase el editorial “Pizarras y ordenadores”). No hay ninguna razón para que los colegios de las llamadas zonas deprimidas no tengan acceso directo e instantáneo a los recursos educativos que se creen en red. Sí la hay si pensamos en esos recursos como cautivos de aquellos centros educativos que han sido capaces de generarlos debido, entre muchos otros factores, a su opulencia económica. Pero eso significa volver a potenciar el valor de la territorialidad física, es decir, de la brecha social que producen los tremendos desajustes de la sociedad industrial, y permitir que sean dichos desajustes los que determinen la evolución (¿o deberíamos decir involución?) del sistema educativo librado a las fuerzas del mercado que todos conocemos.

Ahora bien, para pensar en el territorio virtual de la educación no necesitamos a ingenieros de telecomunicación, ni siquiera a Telefónica. No sólo. Aún más, tampoco es un factor determinante la diseminación del código abierto y el software libre como si fueran el Catón de la nueva educación. Lo fundamental es pensar en los procesos de generación de contenidos (recursos educativos) en comunidades virtuales (no en escuelas físicas) montadas sobre espacios digitales dotados con herramientas de trabajo en colaboración. Comunidades virtuales entendidas como “redes” donde trabajan juntos profesores, alumnos, padres, editores de materiales, expertos, etc., a partir de objetivos y metas claramente especificadas. Es este nuevo territorio de la educación el que debería empezar a darnos respuestas a todos los diagnósticos con que nos han asaltado esta semana: el uso de las nuevas tecnologías, sus objetivos y el papel que puede jugar el país en el avance de la Sociedad del Conocimiento.

Que se me disculpe la irreverencia de la cita para quienes tienen la piel fina, pero decía Marx en 1845 en sus Tesis sobre Feuerbach: “La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado.”

Pues eso, ahí estamos, todavía.